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Economía
BdE la perturbación de la actividad económica esta siendo severa

    


La actividad económica en España ha experimentado una severa perturbación desde principios de marzo debido al brote del coronavirus y a las medidas implementadas para mitigar su impacto, afirma el Banco de España en su último informe trimestral.

Aunque el organismo no cuantificó el impacto de la epidemia, dijo que la crisis del coronavirus había alterado “drásticamente” la favorable dinámica de crecimiento observada en los dos primeros meses del año, que fueron similares a la tasa de crecimiento trimestral del 0,5% registrada en el cuarto trimestre del año pasado. “Caben pocas dudas acerca de la severidad de la perturbación, que ha alterado de modo radical la dinámica real y financiera de la economía española a partir de principios de marzo”, dijo.
El banco central español añadió que era complicado en este momento realizar previsiones para la economía a corto plazo por el elevado nivel de incertidumbre sobre la duración de la crisis sanitaria y la extensión de las medidas extraordinarias para combatirla.
En concreto, el informe señala que:  “La evolución económica a lo  largo del trimestre se  ha visto condicionada de forma  drástica por la propagación mundial de la enfermedad Covid-19, causada por un coronavirus.
En efecto, la enfermedad ha dado lugar a un reto de salud pública de primera magnitud, que ha requerido la adopción de medidas extraordinarias de limitación de la movilidad de las personas y cese de una  parte  importante de la actividad productiva. 
La contundencia de estas medidas, necesarias para la contención de la pandemia, está comportando un impacto severo sobre el crecimiento mundial en el corto plazo. No obstante, si esta estrategia resulta eficaz para erradicar el contagio, como se desprende de la experiencia de los países donde primero se puso en práctica, por ser también aquellos que comenzaron a sufrir antes los efectos del Covid-19, esos efectos negativos deberían ser predominantemente transitorios.
En España, la necesidad de reducir el elevado ritmo de aumento de los contagios condujo a la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Antes de que la epidemia llegara a Europa, sus efectos sobre la economía española parecían ser limitados. La paralización de la actividad en algunas regiones de China tuvo un cierto impacto sobre la demanda de las exportaciones españolas y sobre las importaciones de bienes intermedios utilizados en la producción de bienes finales, dado el elevado grado de integración del gigante asiático en las cadenas de valor globales. Sin embargo, la verdadera dimensión del problema no afloró hasta finales de febrero, cuando se puso de manifiesto la extensión de la enfermedad a Italia y a otros países europeos.
La declaración del estado de alarma en España supuso una limitación drástica de los movimientos de las personas y la suspensión casi completa de la actividad de algunas ramas de los servicios, como la hostelería o el comercio minorista. También ha cesado la producción en algunas ramas manufactureras, como, por ejemplo, la industria automovilística, a causa del parón de la demanda y de la interrupción de las cadenas de suministro.
Las consecuencias agregadas sobre el conjunto de la economía dependerán, entre otros factores, del grado efectivo de caída de la producción y del consumo durante el período de confinamiento de la población, sobre la cual solo es posible hacer cálculos imprecisos.
Además, como se ha apuntado, un segundo elemento de incertidumbre está relacionado con la duración del período de vigencia de las medidas extraordinarias, lo que a su vez depende de su éxito en detener la propagación del contagio. El impacto y la duración también dependerán crucialmente de la efectividad de las medidas puestas en marcha por las distintas autoridades económicas.
En todo caso, aun con las notables incertidumbres acerca de su intensidad y duración, debería tratarse de una perturbación de carácter fundamentalmente transitorio. En este sentido, la rapidez y el vigor de la posterior recuperación dependerán crucialmente de las medidas de política económica puestas en marcha para mitigar los efectos adversos sobre la actividad de las decisiones adoptadas para contener el virus. Las medidas que están aplicando Gobiernos de todo el mundo en los últimos días están orientadas, precisamente, a evitar que la paralización de la actividad durante la fase más aguda de la pandemia se traduzca en cierres de empresas y pérdidas permanentes de puestos de trabajo. Ello requiere, a su vez, que la respuesta proporcionada sea ambiciosa, ágil y coordinada entre las autoridades responsables de los distintos ámbitos de la política económica.
La primera línea de defensa para evitar la persistencia de los efectos económicos de la epidemia debe ser la política fiscal. En este ámbito, una de las principales áreas de actuación adoptadas por los distintos Gobiernos, incluido el español, se ha dirigido a amortiguar el impacto de la crisis sobre las rentas de los ocupados (incluidos los no asalariados) aplicando una cierta relajación de los criterios aplicables para la percepción de prestaciones por desempleo y mediante la exoneración a las empresas del pago de cotizaciones sociales, condicionada al mantenimiento de los puestos de trabajo. Una segunda área de actuación es la aprobación de medidas que impidan que la falta de liquidez de las empresas pueda comprometer su viabilidad. Para ello, se han desplegado grandes volúmenes de garantías y avales públicos aplicables a créditos cuyos prestatarios son sociedades no financieras y autónomos, y se ha aprobado una moratoria, bajo ciertas condiciones, de sus deudas tributarias. El objetivo de este tipo de medidas es facilitar el acceso a la financiación de los agentes privados solventes que atraviesan problemas de liquidez, evitando que estos acaben transitando hacia un estado de insolvencia, en cuyo caso las pérdidas de actividad y empleo serían mayores y más duraderas.
El escaso período transcurrido desde la declaración del estado de alarma hace que no se disponga todavía de indicadores que permitan medir con un mínimo de rigor y precisión la magnitud y la duración de los efectos de la crisis sobre la actividad y el empleo que, en todo caso, como se ha señalado, cabe esperar que evolucionen muy negativamente en el corto plazo. Además, esas perspectivas se verán condicionadas por los efectos de las importantes medidas de política económica aprobadas en distintos ámbitos. En estas circunstancias, el Banco de España ha optado, al igual que otros bancos centrales que habitualmente publican proyecciones macroeconómicas en torno a estas fechas (como es el caso de la Reserva Federal estadounidense y del Banco de Francia), por retrasar la elaboración y la publicación de sus proyecciones. Conforme se vaya disponiendo de indicadores que permitan atenuar el extraordinario grado de incertidumbre actual, el Banco de España retomará la publicación de sus proyecciones macroeconómicas, manteniendo, mientras tanto, abiertos todos los canales de comunicación pública habituales. En todo caso, el Banco de España mantiene un seguimiento reforzado de la evolución de la situación económica y financiera de la economía.
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