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Día a día del sector
Semana del 14 al 21 de junio de 2020.
Se quieren cargar la agricultura como sector económico

    


La Comisión Europea tiene un plan para eliminar la agricultura moderna en Europa". Los detalles surgieron el mes pasado, como parte de un " Acuerdo Verde Europeo " anunciado a fines del año pasado que llama a que el continente se vuelva "neutral al clima" para 2050. La comisión habla de "convertir los desafíos climáticos y ambientales en oportunidades".

 

 

También habla sobre "hacer la transición justa e inclusiva para todos". Debería haber agregado tres palabras, "excepto para los agricultores".
Comentarios.
La Comisión de la UE acaba de lanzar su estrategia " Farm to Fork ", de la “Granja a la Mesa”, que es la parte agrícola del Acuerdo Verde Europeo. En esta parte referida al sector, se anuncian una serie de objetivos muy poco realistas para la próxima década y supone que los agricultores van a reducir a la mitad el uso de productos para la protección de cultivos, que reducirán la aplicación de fertilizantes en un 20 por ciento y que transformarán una cuarta parte de las tierras agrícolas en producción orgánica.”
Todo lo cual, como todos ustedes podrán deducir, nos conduce a concluir que, de cumplirse los objetivos propuestos como nuevo paradigma “ecologeta”, el sector agrario europeo, como sector económico, creador de riqueza y sobretodo despensa y suministrador de nuestra alimentación, desaparecerá.
¿Cómo se supone que los agricultores se ganan y se van a ganar la vida cuando reducimos cultivos y vendemos alimentos a menor precio? La Comisión no considera uno de los resultados más probables de su enfoque equivocado de la agricultura,” cuando los agricultores y sus empresas no puedan obtener ganancias, dejarán de cultivar, desaparecerán “.
La comisión dice que su objetivo principal es hacer que la economía de la UE sea sostenible, pues que tenga en cuenta que no existe una economía sostenible si no existe sostenibilidad económica.
Esta semana la Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza han presentado al Gobierno un documento de “Propuestas para la Política Agrícola Común post 2020” en el que plantean numerosas propuestas de eco-esquemas y medidas agroambientales que apuestan por la recuperación de la fauna menor y la biodiversidad.

Documento que, si el gobierno no fuera un gobierno basado exclusivamente en su propia propaganda, defendido por auténticos hooligans, debería tener en cuenta porque, tanto la Fundación como la Federación,  
Presentan soluciones técnicas absolutamente viables.
El documento da soluciones para:
. las áreas cerealistas
. los márgenes que deben mantenerse junto a tierra de labor y los caminos rurales
. los sobrepastoreos y las
. Propuestas para los cultivos leñosos en secano.
De nuevo representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, de las Cooperativas Agroalimentarias de Málaga y los sindicatos CCOO y UGT han acordado exigir la retirada obligatoria de aceite “en momentos excedentarios como el actual”, así como que la Unión Europea prime las producciones comunitarias.
Estos puntos comunes pasan por la situación de precios por debajo de la rentabilidad para la mayoría de las explotaciones, así como la imposición de aranceles y acuerdos comerciales no beneficiosos y la incertidumbre sobre la Política Agraria Común o mayores exigencias burocráticas.
Los asistentes han puesto en valor el sector agroalimentario y su “papel esencial”, para la sociedad como suministrador de alimentos, que se ha constatado durante la pandemia de la covid-19.
Las organizaciones han acordado exigir la aprobación de la retirada obligatoria de aceite, la eliminación de los aranceles, la prohibición de importaciones a nivel europeo en momentos excedentarios y, mientras tanto, un aumento de los controles.
Y de nuevo se insiste en la necesidad de que, los agricultores y ganaderos, reciban el coste de producción. “La agricultura no puede ser moneda de cambio en los acuerdos comerciales” la Unión Europea “ha de primar las producciones comunitarias”. La Ley de la Cadena Alimentaria es “loable, pero no tal como está planteada porque es inviable”, “es un primer paso, pero para que se pueda aplicar, además de la retirada obligatoria y prohibir las importaciones, es imprescindible que el Ministerio de Agricultura fije los costes de producción”.
Salvo en las exigencias sobre el precio mínimo, en todo lo demás estamos absolutamente de acuerdo.

 
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha intervenido en la Mesa del Sector Agroalimentario de la cumbre empresarial de CEOE junto a destacados líderes empresariales del sector agroalimentario, defendiendo la necesidad de que nuestro Gobierno aproveche al máximo las medidas extraordinarias y los recursos financieros puestos en marcha por Bruselas para afrontar la recuperación de la actividad económica tras la crisis provocada por el COVID19. Sus primeras palabras han sido de reconocimiento para los empresarios agrarios que con su trabajo y junto al resto de la cadena alimentaria han conseguido, prestar un servicio público de primera necesidad, como es el aprovisionamiento de alimentos sanos, seguros y a precios asequibles para la sociedad. “En este sentido, estamos orgullosos de haber contribuido a lo que nosotros llamamos Serenidad Alimentaria, tan esencial en estos tiempos de incertidumbre”. “Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis, es la evidencia de que el aprovisionamiento de alimentos para la sociedad no se puede dejar en manos de terceros países y por eso necesitamos tener un modelo productivo, potente y eficiente”.
“Las medidas adoptadas para abordar la crisis en los sectores agrarios de la UE han tenido un coste de 85 millones de euros mientras que los Estados Unidos han aprobado un programa para apoyar a sus agricultores de más de 16.000 millones de dólares en las denominadas “ayudas helicóptero”.
Pedro Barato reclama al Gobierno español, con la adopción de medidas concretas de carácter fiscal y también de financiación preferencial para dar respuesta de manera inmediata a los problemas que atraviesas determinadas explotaciones. Ha pedido que se aprovechen los fondos comunitarios para dotar al sector de las mejores condiciones para competir, bien sea a través de los fondos estructurales, del Marco Temporal aprobado el 19 de marzo o a través del presupuesto específico “Nueva Generación UE”. “Esperemos que esos fondos puedan ayudar a la recuperación del tejido económico español”.
¡Bien Pedro!

 
Terminemos esta semana reseñando que España, podría enfrentarse a aranceles por valor de hasta 900 millones de euros al año si es que Estados Unidos cumple su amenaza de emprender represalias si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con la tramitación del Impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido popularmente como Tasa Google.
Este jueves España -junto con Reino Unido, Francia e Italia- respondió a la carta recibida esta semana en la que la Administración Trump amenazaba con nuevos aranceles y abandonaba la negociación para acordar este tipo de impuestos en el marco de la OCDE. En ella, España y sus socios se han reafirmado en la aplicación de este impuesto con el que, coincidentemente, se quiere recaudar unos 968 millones de euros al año. En el caso español el proyecto de ley para aplicar esta tasa ya superó su primer trámite y se rechazó la enmienda a la totalidad. El objetivo es poder aprobarlo a la vuelta de vacaciones y cobrar su primera cuota trimestral en diciembre de este año. Frente a esto, si Trump cumple finalmente sus amenazas, este impuesto pondría convertirse en un mal trago para nuestro país porque se tendría que pagar prácticamente el equivalente a lo que se espera ingresar por este tributo. 
El problema es mayor ya que en este caso la factura por elevar los impuestos a los gigantes digitales no la pagaría el Estado sino sectores como la maquinaria eléctrica, combustibles, coches, aceite de oliva y aceitunas, sectores que verían como se encarece de manera importante el coste de vender sus productos en Estados Unidos.
¡Y a qué narices encabezamos estas guerras! ¿Es que nadie piensa que, estas guerras, como la del Airbus o el cierre ruso, las vamos a perder siempre? Y luego queremos que se repongan los aranceles con los EE.UU en las aceitunas negras…. …

Noticias.
-El Gobierno ha anunciado un plan para la automoción dotado con 3.750 millones de euros destinado, según ha comunicado Pedro Sánchez, a paliar los efectos de la crisis por el coronavirus en el sector de la automoción. La multimillonaria ayuda a la industria ha sentado como un jarro de agua fría a las organizaciones ecologistas que nada entienden sobre la incongruencia del Ejecutivo: primero declara la guerra al diésel, se da golpes en el pecho por la Transición Ecológica y emplea todas sus fuerzas en desgastar la industria de los vehículos de combustión interna para, dos años después, terminar ofreciendo estratosféricas subvenciones al sector al que han castigado económicamente.
La organización Ecologistas en Acción está que trina porque sus aliados gubernamentales les han dado de lado en beneficio de lo que ellos consideran los enemigos del planeta. Sus tesis antidiésel fueron seguidas por la ministra de Transición Ecológica causando daños enormes a la industria. Las tesis sobre la alta contaminación de los vehículos de combustión interna y los beneficios del motor eléctrico fueron refutadas por expertos y científicos, pero nada podía parar las creencias del ecologismo izquierdista…….
E. Berberana.
 
-El Consejo de Ministros aprobó el martes 9 de junio un paquete de medidas extraordinarias para el sector del vino, por valor de 90,5 millones de euros, que recoge destilación de crisis, ayudas al almacenamiento privado y cosecha en verde. Sobre este asunto hablamos en la última emisión de AGROPOPULAR -13 de junio- con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, que las calificó de ultraje al sector vitícola de calidad y en particular a las Denominaciones de Origen (DO) gallegas.
“Todo el sector vitivinícola gallego se ha quedado muy sorprendido por las medidas publicadas por el Gobierno para paliar las consecuencias del COVID-19. Entendemos que son totalmente contrarias al impulso del sector de calidad, ya que claramente perjudican a los vinos de calidad españoles, los que se producen bajo el amparo de las DO, y nos sorprende mucho que el objetivo no sea la promoción del vino sino la destrucción de la uva”, detalló el presidente autonómico.
Según Núñez Feijóo, estas medidas “están pensadas para imposibilitar que se haga una cosecha de calidad” y “son muy difíciles de aplicar en Galicia porque el tamaño mínimo de las fincas que exige el Gobierno es 3.000 metros cuadrados y en esta Comunidad Autónoma la superficie media del viñedo está en 2.500 metros cuadrados”.
“No entendemos que el objetivo sea destruir el vino antes de saber el volumen de la cosecha”
En este sentido, criticó el hecho de que las medidas exijan la eliminación de la totalidad de la cosecha de cada parcela y que no se permita la posibilidad de un aclareo, es decir eliminación parcial, lo que mantendría una parte de la cosecha en cada una de las parcelas. “Están forzando a los Consejos Reguladores a disminuir su producción y eso nos parece que atenta contra el sentido común, además se nos obliga a tirar la uva sin saber cómo va a ser la vendimia de este año”, añadió.
Otro de los aspectos que criticó del paquete de medidas extraordinarias es que se destinen 90 millones de euros para toda España y que, a Galicia,” teniendo el 6 por cien del valor de facturación de los vinos con Denominación de Origen”, únicamente le correspondan 300.000 euros.
En definitiva, el presidente de Galicia reiteró que el sector y las cinco Denominaciones de Origen no están de acuerdo ni con el contenido ni con las exigencias del proyecto, y que no comparten el riesgo de tirar la uva antes de saber cómo va a venir la vendimia. “No entendemos que el objetivo sea destruir el vino antes de saber cuál es el volumen de la cosecha, y que se prime al vino sin calidad y se perjudique a los vinos de calidad. Es un proyecto que se debería hacer una profunda enmienda”, añadió.
Mercados de proximidad
Por otro lado, también habló sobre los mercados de proximidad, uno de los objetivos preferentes de la actuación de su Gobierno. “Lo han sido durante esta crisis, sobre todo porque estaba prohibido vender productos de proximidad en los mercados de abastos y porque era muy difícil llevarlos a los lugares de venta de superficies/ supermercados y etc”.
La Xunta se reunió con los productores y con la industria de transformación para buscar una fórmula. “Prácticamente se unieron todas las superficies de supermercados de Galicia y fuimos capaces -con las 450 industrias- de disminuir las pérdidas por falta de venta durante esta crisis”, concluyó.
Agropopular.
 

- La Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza han presentado al Gobierno un documento de “Propuestas para la Política Agrícola Común post 2020” en el que plantean numerosas propuestas de eco-esquemas y medidas agroambientales que apuestan por la recuperación de la fauna menor y la biodiversidad.
Los responsables de la RFEC y Artemisan explicaron la propuesta al ministro de Agricultura, Luis Planas. En la reunión con el sector cinegético el ministro se mostró convencido de que la futura Política Agrícola Comñun (PAC) debe tener en cuenta medidas y actuaciones que permitan generalizar la aplicación de buenas prácticas medioambientales en las explotaciones cinegéticas.
Las medidas elaboradas por el sector de la caza han sido diseñadas por un grupo de 15 técnicos y científicos y su objetivo es que España apueste por una reforma de PAC que se marque como uno de sus objetivos la recuperación de la fauna menor y la biodiversidad. Al mismo tiempo la implantación de estas medidas permitiría a los profesionales del campo obtener una renta agraria más justa, especialmente en la agricultura de secano, y tendrían un impacto muy positivo en las poblaciones de especies cinegéticas y aves esteparias, incluidas las migratorias.
Según explican los autores del documento, desde el siglo pasado, el campo español ha venido experimentando una serie de cambios para incrementar la producción de alimentos y recursos y, al mismo tiempo, garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Así, la PAC “ha venido marcando el destino de nuestros agricultores, que tienen que ser muy competitivos frente a un mercado cada vez más globalizado”, y esta situación ha provocado que “nuestro campo se haya ido haciendo cada vez más inhóspito para muchas especies de fauna y flora, que antaño eran muy abundantes”.
Los técnicos apuntan que hay estudios científicos “que confirman que en líneas generales no se han alcanzado los objetivos propuestos y hoy nos encontramos en un punto de “no retorno”: las poblaciones de muchas especies están desapareciendo y el abandono del campo es galopante”.
Por ello plantean que en la siguiente reforma se introduzcan algunos modelos de eco-esquemas o ayudas agroambientales enfocadas a cada agrosistema: áreas cerealistas, y dehesas y zonas de cultivos permanentes (viña, olivar y cerezo, entre otros). Con ello pretenden que la nueva PAC contribuya “a revertir la situación actual y mejore la situación de las poblaciones de fauna menor y de biodiversidad en nuestro agro”.
Las propuestas de la RFEC y Artemisan se basan en prácticas agrícolas que sean beneficiosas para el clima y el medio ambiente y que se encuadran dentro de los tres objetivos específicos medioambientales definidos, relativos al cambio climático y la energía sostenible; el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales; y la protección de la biodiversidad, los servicios eco sistémicos, la conservación de los hábitats y los paisajes.
Han propuesto distintas iniciativas en función del uso agrícola del terreno:
Propuesta para áreas cerealistas
Para este tipo de ecoesquema, consideran la necesidad de adoptar una serie de actuaciones orientadas al fomento de la biodiversidad y, en especial, para la conservación de aves esteparias. Estas son:
· La cosechadora deberá guardar una altura mínima al suelo de 20 centímetros para permitir una cobertura vegetal suficiente. La cosecha del cereal se retrasará lo máximo posible en cada zona para evitar muerte de aves. Los restos de cosecha se quedarán en el terreno sin recogerlos, sin picar y sin pastorear por el ganado, hasta transcurrido un mes finalizada ésta. Tampoco se podrá roturar la tierra, ni ser aprovechado a diente por el ganado, hasta el 1 de septiembre.
· Realización de márgenes multifuncionales como superficie de interés ecológico. Cuando el titular cuente con más de 10 ha de tierra de cultivo, deberá realizarlos al menos en el 5 % de su superficie, distribuidos de forma proporcional al tamaño de cada parcela. El objetivo es favorecer la reproducción de las especies que nidifican y se alimentan en los cultivos de cereal, evitando la siega mecanizada y el tratamiento con fitosanitarios en esos refugios.
Margen junto a tierra de labor y camino rural
· Realización de márgenes de siembra sin cosechar como superficie de interés ecológico. Del mismo modo que en los márgenes multifuncionales, cuando el titular cuente con más de 10 ha de tierra de cultivo, deberá realizarlos al menos en el 5 % de su superficie (se puede combinar ambos aspectos para cubrir el total del 5%). En este caso el objetivo es favorecer cobijo especialmente para las aves que nidifiquen en el suelo y para favorecer que en el momento de la siega puedan tener un refugio.
· Promoción de los barbechos con cubierta vegetal. Hay muchas evidencias científicas que avalan que el barbecho blanco o desnudo ha provocado una gran pérdida de hábitat. Es necesario una regulación normativa clara sobre el mantenimiento y el laboreo de barbechos tradicionales “desnudos”, prohibiendo su laboreo o tratamiento hasta el 1 de agosto del año de solicitud.
· Prohibición del uso de las semillas blindadas. Es más que evidente el nefasto perjuicio a las aves de este tipo de semillas
· Mantenimiento obligatorio de la diversificación de cultivos para el acceso a las ayudas directas.
Propuestas para las dehesas
· Reducción de la carga ganadera en estas superficies, evitando un sobrepastoreo, y con objeto de evitar la pérdida de la riqueza de este suelo.
Se debe evitar el sobrepastoreo.
· Implementación de caballones. Constituyen una alternativa no sólo para las dehesas sino también para las áreas de cultivos herbáceos definidas anteriormente. Pueden jugar un papel relevante para el control biológico de diferentes plagas de insectos que afectan a la producción agrícola, y promueven la aparición de insectos beneficiosos y aves insectívoras en nuestros campos.
· Mejora de pastizales en la dehesa mediante introducción de especies pratenses de secano. Se propone realizar esta técnica en al menos un 5% de la superficie en explotaciones con más de 15 ha de pastos, con el objetivo de mejorar la calidad de los pastizales mediante la introducción de especies pratenses adaptadas a los pastizales naturales existentes. Mejorar el hábitat de las aves esteparias en terrenos de secano y generar cobertura suficiente para que puedan refugiarse, reproducirse y alimentarse en estas parcelas.
· Fomento de la creación y mejora de las charcas existentes en la explotación. Se pretende con la medida aumentar la disponibilidad de puntos de agua para la ganadería extensiva ligada a la Dehesa y al mismo tiempo dotar de agua a estos ecosistemas para toda la fauna silvestre asociada a éstos y que es especial-mente relevante en los periodos estivales de sequía; periodos que muchos años son críticos para la supervivencia de la fauna
Propuesta para cultivos leñosos en secano
· Realización de márgenes multifuncionales como superficie de interés ecológico.
· Establecimiento de una cubierta vegetal en las calles del cultivo.
· Mantenimiento y conservación de la vegetación natural autóctona presente en una franja de 5 metros de anchura paralela a los cursos de agua permanente o estacional que limiten o atraviesen las parcelas de cultivo.
· Prohibición de labrar el suelo en las calles entre el 1 de marzo y 1 de octubre de cada año.
La Razón.
 

- El MAPA convoca ayudas por importe de 8 M€ del Plan Renove 2020 para nueva maquinaria agrícola.
El Ministerio de Agricultura ha publicado este sábado 13 de junio en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de la convocatoria para la concesión directa de subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria (Plan Renove 2020).
Estas ayudas quedan reguladas en el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio:
Según dicho anuncio, podrán ser beneficiarios de las ayudas del Plan Renove 2020, las personas físicas, empresas privadas y agrupaciones de agricultores, incluidos en el citado RD, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en dicha normativa.
La ayuda será una “concesión directa de las subvenciones estatales destinadas a la adquisición de máquinas nuevas de tractores; máquinas automotrices (de recolección, de aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, excluidas cisternas de purín), y máquinas arrastradas o suspendidas (sembradora directa, abonadora, equipos de aplicación de productos fitosanitarios, cisternas de purín con sistemas de localización de producto en el suelo (rejas y discos), tubos flexibles (mangueras) o rígidos (para aplicación justo sobre el suelo), así como sistemas de localización de purín en el suelo, independientemente de la cisterna.
Las bases reguladoras de estas ayudas son las que se establecen en el RD 704/2017, de 7 de julio citado y la cuantía máxima a conceder en esta convocatoria es de 8 millones de euros para el conjunto de máquinas a subvencionar, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.
Según el MAPA, supone un 60% y 3 millones de euros más de presupuesto que en plan anterior, diferenciando dos líneas de ayudas: una para tractores, con 5 millones de euros, y otra para el resto de tipos subvencionables de 3 millones de euros.
El plazo de solicitud se extiende desde el 15 de junio, día laboral siguiente a la publicación en el BOE de este extractor de Orden ministerial, hasta el próximo 15 de septiembre de 2020.
El objetivo del Plan Renove, según este departamento, es modernizar el parque de maquinaria mediante la ayuda a la compra de máquinas y equipos con nuevas tecnologías, que permitan unas técnicas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente.
Por ello, según el MAPA, se incentiva la adquisición de distintos tipos de maquinaria para reducir las emisiones de CO2, de NH3 y partículas, optimizar la aplicación de insumos y fijar carbono en el suelo. Se trata de mejorar la adaptación al entorno, la protección ambiental y la eficacia y seguridad en la producción primaria.
La convocatoria de 2020 facilita a los agricultores la adopción de los requisitos de la nueva Política Agraria Común (PAC), al tiempo que busca la consecución de los compromisos ambientales de España, en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de otros gases contaminantes.
De esta forma, se incentiva la compra de tractores más seguros, ergonómicos y eficientes desde el punto de vista energético, más respetuosos con el medio ambiente y con las últimas prestaciones agronómicas.
Agronegocios.
 

-Representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, de las Cooperativas Agroalimentarias de Málaga y los sindicatos CCOO y UGT han acordado exigir la retirada obligatoria de aceite “en momentos excedentarios como el actual”, así como que la Unión Europea prime las producciones comunitarias.
En una reunión celebrada en la sede social de Dcoop, en Antequera (Málaga), los participantes han analizado las últimas propuestas realizadas por la administración, en las que han encontrado “puntos comunes de acuerdo” en las reivindicaciones y han planteado las próximas actuaciones en defensa del sector, según han informado en un comunicado.
Estos puntos comunes pasan por la situación de precios por debajo de la rentabilidad para la mayoría de las explotaciones, así como la imposición de aranceles y acuerdos comerciales no beneficiosos y la incertidumbre sobre la Política Agraria Común o mayores exigencias burocráticas.
Los asistentes han puesto en valor el sector agroalimentario y su “papel esencial”, para la sociedad como suministrador de alimentos, que se ha constatado durante la pandemia de la covid-19.
Las organizaciones han acordado exigir la aprobación de la retirada obligatoria de aceite, la eliminación de los aranceles, la prohibición de importaciones a nivel europeo en momentos excedentarios y, mientras tanto, un aumento de los controles.
DEMANDAN QUE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS RECIBAN EL PRECIO DE COSTE DE PRODUCCIÓN
A este respecto, señalan que “la agricultura no puede ser moneda de cambio en los acuerdos comerciales” y que la Unión Europea “ha de primar las producciones comunitarias”.
Asimismo, han demandado que los agricultores y ganaderos reciban el precio de coste de producción, por lo que han coincidido en que la voluntad de la Ley de la Cadena Alimentaria es “loable, pero no tal como está planteada porque es inviable”.
“Es un primer paso, pero para que se pueda aplicar, además de la retirada obligatoria y prohibir las importaciones, es imprescindible que el Ministerio de Agricultura fije los costes de producción”.
También han planteado fomentar la información a los agricultores y ganaderos, otorgar ayudas a la reconversión del olivar de altos costes, trabajar por la concentración de la oferta y la unidad de todo el sector y, a largo plazo, fomentar el consumo, adelantar las cosechas para producir calidad y promover los productos ecológicos.
Agroinformación.
 
-Cooperativas Agro-Alimentarias de España lamenta el escaso avance en la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea, tras la última de las cuatro rondas celebrada la primera semana de junio. La Comisión Europea quiere tener un acuerdo antes del 31 de octubre para su ratificación el 1 de enero de 2021, restan apenas cuatro meses y aumenta el riesgo de un No acuerdo, situación muy negativa para ambas partes, que afecta no sólo a los ciudadanos y las empresas, sino a políticas tan importantes como cooperación, exterior o judicial, y que provocará una gran disrupción en el comercio tras 40 años de adhesión a la UE.
Para Cooperativas Agro-alimentarias de España existe un riesgo real de no alcanzar un acuerdo. La aplicación de aranceles, cuotas, controles, diferentes normas sanitarias y fitosanitarias etc, puede ser una realidad en breve, con un impacto importante en las exportaciones agroalimentarias españolas hacia uno de sus principales mercados, lo que supondría un nuevo varapalo para algunos sectores afectados por el COVID-19. Por este motivo consideramos que la Unión Europea debe prever medidas de apoyo al sector agroalimentario porque con independencia de los planes de contingencia, la disrupción del comercio con mercado británico podría superar todas las previsiones.
Cooperativas.
 

- “Es esencial romper la brecha digital, apoyar la innovación y adaptar la agricultura a los nuevos mercados”. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha intervenido hoy en la Mesa del Sector Agroalimentario en la cumbre empresarial de CEOE que se celebra esta semana en Madrid. Junto a destacados líderes empresariales del sector agroalimentario, ha defendido la necesidad de que nuestro Gobierno aproveche al máximo las medidas extraordinarias y los recursos financieros puestos en marcha por Bruselas para afrontar la recuperación de la actividad económica tras la crisis provocada por el COVID19.
Sus primeras palabras han sido de reconocimiento para los empresarios agrarios que con su trabajo y junto al resto de la cadena alimentaria han conseguido, prestar un servicio público de primera necesidad, como es el aprovisionamiento de alimentos sanos, seguros y a precios asequibles para la sociedad. “En este sentido, estamos orgullosos de haber contribuido a lo que nosotros llamamos Serenidad Alimentaria, tan esencial en estos tiempos de incertidumbre”.
“Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis -ha explicado Barato- es la evidencia de que el aprovisionamiento de alimentos para la sociedad no se puede dejar en manos de terceros países y por eso necesitamos tener un modelo productivo, potente y eficiente”. En este sentido, el presidente de Asaja ha aludido a los retos esenciales que tiene por delante el sector como son el Cambio Climático, el empleo, la revitalización del medio rural y digitalización del sector.
Para poder levantar nuestro sector, “que también ha sufrido lo suyo, y que arrastra problemas coyunturales que frenan su competitividad”, (hay que recordar que el sector agrario interrumpió sus protestas y aparcó reivindicaciones por la pandemia) es importante actuar tanto en el propio sector como en otros conexos, precisamente algunos de los más afectados, la restauración y el turismo. “El cierre del Canal Horeca ha tenido un efecto dramático en muchas de nuestras explotaciones y los agricultores y de manera especial los ganaderos necesitan una atención especial en forma de medidas destinadas a reforzar estos sectores esenciales”.
En este punto, el presidente de ASAJA ha querido establecer la siguiente comparación: las medidas adoptadas para abordar la crisis en los sectores agrarios de la UE han tenido un coste de 85 millones de euros, por su parte, Estados Unidos ha aprobado un programa para apoyar a sus agricultores de más de 16.000 millones de dólares en las denominadas “ayudas helicóptero”.
Esa determinación es la que Pedro Barato reclama al Gobierno español, con la adopción de medidas concretas de carácter fiscal y también de financiación preferencial para dar respuesta de manera inmediata a los problemas que atraviesas determinadas explotaciones. Igualmente, el presidente de ASAJA ha pedido al presidente del Gobierno que aproveche los fondos comunitarios para dotar al sector de las mejores condiciones para competir, bien sea a través de los fondos estructurales, del Marco Temporal aprobado el 19 de marzo o a través del presupuesto específico “Nueva Generación UE”. “Esperemos que esos fondos puedan ayudar a la recuperación del tejido económico español”, ha señalado.
Incluso en el Programa de Recuperación de la UE hay acciones previstas donde el sector agrario se puede ver reflejado. Son medidas para reducir la brecha digital, y avanzar hacia una transición verde, donde el medio rural en general y el sector agrario en particular, se constituyen en actores principales.“En suma, -ha concluido el presidente de ASAJA- es esencial romper la brecha digital, apoyar la innovación para mitigar el cambio climático, modernizar nuestros regadíos y adaptar la agricultura a los nuevos mercados”.
Pedro Barato ha intervenido esta mañana en la mesa del sector agroalimentario junto con Tomás Pascual, presidente de Calidad de Pascual; Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes; Antonio Hernández, presidente del Grupo Ebro; Carlos Moro, presidente de Matarromera; Paulo Soares, presidente de Campofrío; Ignacio Osborne, presidente del Grupo Osborne y del Foro de Marcas Renombradas; José Domingo de Ampuero, presidente de VISCOFAN; y Javier Garat, secretario general de CEPESCA.
ASAJA.
 
-España podría enfrentarse a aranceles por valor de hasta 900 millones de euros al año si es que Estados Unidos cumple su amenaza de emprender represalias si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con la tramitación del Impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido popularmente como Tasa Google.
Este jueves España -junto con Reino Unido, Francia e Italia- respondió a la carta recibida esta semana en la que la Administración Trump amenazaba con nuevos aranceles y abandonaba la negociación para acordar este tipo de impuestos en el marco de la OCDE.
En ella, España y sus socios se han reafirmado en la aplicación de este impuesto con el que, coincidentemente, se quiere recaudar unos 968 millones de euros al año. En el caso español el proyecto de ley para aplicar esta tasa ya superó su primer trámite y se rechazó la enmienda a la totalidad. El objetivo es poder aprobarlo a la vuelta de vacaciones y cobrar su primera cuota trimestral en diciembre de este año.
Frente a esto, si Trump cumple finalmente sus amenazas, este impuesto pondría convertirse en un mal trago para nuestro país porque se tendría que pagar prácticamente el equivalente a lo que se espera ingresar por este tributo.
"Lo más importante ahora es tener fondos que sean consistentes, que tengan un histórico largo"Los responsables de la gestora Capital Group descartan una recesión en EEUU y en la economía mundial
El problema es mayor ya que en este caso la factura por elevar los impuestos a los gigantes digitales no la pagaría el Estado sino sectores como la maquinaria eléctrica, combustibles, coches, aceite de oliva y aceitunas, sectores que verían como se encarece de manera importante el coste de vender sus productos en Estados Unidos.
Investigación a España
En 2019 España realizó exportaciones a Estados Unidos por valor de 13.739 millones de euros -el séptimo destino de los productos españoles- donde el grueso de estos envíos (10.152 millones) fueron productos industriales y tecnología, seguidos del sector agroalimentario con un 12% del total, unos 1.600 millones al año.
Dentro de estos productos lideran el ránking están la maquinaria eléctrica, los coches, combustibles, bienes de equipos y dentro de los alimentos reinan los productos cárnicos, el aceite de oliva y las aceitunas.
El único precedente de una investigación de este tipo a un país europeo es la que se realizó a Francia. En febrero del año pasado, el Departamento de Comercio de EEUU concluyó que el país galo vulneraba los tratados internacionales al intentar imponer una tasa unilateral a las empresas tecnológicas estadounidense y anunció aranceles por valor de 2.140 millones de euros (2.400 millones de dólares) en productos como quesos, perfumes, jabones, porcelana, yogur o mantequilla.
A comienzos de junio de este año, se conoció que Estados Unidos abrió una investigación -amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos- a la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales. La misma investigación que se había abierto un año antes a Francia.
De esta manera, los expertos consultados por Invertia indican que tomando como referencia el caso galo y en base al peso de las exportaciones de Francia y España en Estados Unidos, respectivamente, los aranceles a nuestro país podrían rondar entre los 700 y los 900 millones de euros. En el caso de España los productos exportados tienen un mayor valor agregado por lo que esta factura incluso podría elevarse una vez que concluya la investigación a nuestro país.
Respuesta europea
¿Soluciones? Parece que la única pasa por reactivar la vía diplomática que en estos momentos esté en punto muerto. En agosto del año pasado Trump y el presidente francés Emmanuel Macron anunciaron en el marco del G7 un acuerdo para abortar los aranceles y retrasar la aplicación de la Tasa Google. Un acuerdo que, sin embargo, ahora parece más lejano tras la misiva enviada esta semana a España, Francia, Reino Unido e Italia.
Este jueves los países señalados por EEUU pidieron al Gobierno de Trump que volviese a la mesa negociadora e insistieron en que estos tributos deben seguir adelante para buscar una fiscalidad global más equitativa que asegure que los grandes gigantes digitales como Google, Amazon, Facebook o Apple paguen efectivamente por la actividad que realizan en cada uno de los mercados en donde operan.
Hasta ahora estos gigantes tecnológicos utilizan filiales para agrupar el grueso del pago de sus impuestos en Europa en países con una fiscalidad más favorable como Holanda o Irlanda.
El problema es que de producirse represalias y al no existir ningún tratado comercial entre la UE y Estados Unidos, nuestro país se expone a tasas unilaterales que no podría evitar Bruselas más allá que movimientos diplomáticos.
En julio de 2013 se iniciaron las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) entre EE.UU. y la Unión Europea, aunque las negociaciones quedaron paralizadas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.
¿Pacto con EEUU?
El objetivo era alcanzar un acuerdo ambicioso y amplio, que eliminase la mayoría de los aranceles, tuviese en cuenta los sectores de servicios e inversión, abordase el mercado de compras públicas y se centrase en la cooperación regulatoria y reglamentaria, de modo que se eliminasen los obstáculos al comercio y a la inversión entre ambos lados del Atlántico. Algo que ahora parece casi imposible de alcanzar a la luz de los últimos acontecimientos.
De hecho, las represalias por la Tasa Google no son las primeras que Trump emprende contra Europa ni las primeras que afectarían a España. En octubre del año pasado entraron en vigor los aranceles estadounidenses a productos agroalimentarios europeos.
Una decisión amparada en la resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de una disputa por subsidios a Airbus que autorizó a Estados Unidos a imponer contramedidas por valor de 6.800 millones de euros, afectando a España por un valor en torno a 790 millones de euros.
En España, el aceite de oliva, los productos cárnicos y el vino fueron los más afectados, que más de seis meses después de la entrada en vigor comienzan a notar los efectos perjudiciales de la medida. En el caso del vino sus ventas a EEUU han caído un 5,8%, según Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), mientras que el aceite de oliva ha reducido sus exportaciones a este país en un 83%.
INVERTIA.
 

-El Comité Económico y Social Europeo (CESE) propone la creación de un fondo extraordinario para apoyar al sector agrícola en respuesta a la pandemia de COVID-19 que consistirá en el pago de un importe único a tanto alzado de hasta 5.000 euros por explotación y 50.000 por pyme, que deberá abonarse antes del 31 de diciembre de 2020.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la nueva medida propuesta por la Comisión Europea, destinada a apoyar a las explotaciones agrícolas y las pymes agroalimentarias con problemas de liquidez y a garantizar su supervivencia económica durante esta crisis. Sin embargo, el CESE considera que la Comisión Europea debería crear un fondo extraordinario al margen del presupuesto de la PAC para permitir la puesta en práctica de esta medida.
La pandemia de coronavirus ha tenido un impacto muy negativo en el sector agrícola y alimentario de la UE, causado por circunstancias sin precedentes, entre ellas las restricciones de circulación establecidas en los Estados miembros y los cierres obligatorios de tiendas, mercados al aire libre y restaurantes, lo que ha provocado abruptas perturbaciones en el mercado.
Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción la nueva medida propuesta por la Comisión Europea, destinada a aumentar la liquidez de los agricultores y demás operadores de la cadena, especialmente en las zonas con desventajas o aisladas, como las islas y las zonas de montaña, que necesitarán una ayuda de emergencia para mantener sus actividades.
¿CÓMO SE FINANCIA ESTA MEDIDA EXTRAORDINARIA?
La propuesta de la Comisión Europea se limita a introducir modificaciones específicas en el Reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para que las autoridades nacionales puedan asignar hasta el 1% del presupuesto de 2014-2020 a esta nueva medida, aprovechando fondos no utilizados para estas necesidades extraordinarias. La ayuda consistirá en el pago de un importe único a tanto alzado de hasta 5 000 EUR por explotación y 50 000 EUR por pyme, que deberá abonarse antes del 31 de diciembre de 2020. El límite propuesto del 1% para la asignación garantiza una armonización europea, que el Comité Económico y Social Europeo siempre ha tratado de lograr.
Sin embargo, esta propuesta plantea dos problemas importantes, según el ponente del dictamen, el Sr. Puech d’Alissac: “El primero es que algunos Estados miembros ya han agotado o asignado sus fondos procedentes del Feader y, por tanto, no pueden utilizar este mecanismo de ayuda. El segundo problema —y el más importante— es que el dinero que supuestamente se debía utilizar para mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura, el medio ambiente y la calidad de vida en las zonas rurales, se gastará ahora en atender a estas necesidades urgentes de liquidez.”
Por este motivo el CESE considera que la Comisión Europea debería crear un fondo extraordinario, al margen del presupuesto de la Política Agrícola Común, para permitir la aplicación de la medida propuesta de hasta 5.000 euros por explotación y 50.000 por pyme, siguiendo el ejemplo del plan de recuperación.
Agroinformación.
 
-Agencia de Medio Ambiente acusada de hacer declaraciones falsas sobre el clima del Reino Unido
El Foro de Política de Calentamiento Global (GWPF) ha criticado a la Agencia de Medio Ambiente por afirmar que el  Reino Unido ya no es un país húmedo y lluvioso .
Acaba de publicarse un nuevo informe, The Great British Rain Paradox , que advierte sobre la posible escasez de agua en el Reino Unido en los próximos años. Se afirma que el factor principal para esto es el cambio climático. El prólogo, escrito por el CEO de la Agencia de Medio Ambiente, Sir James Bevan, dice:
“El cambio climático está causando largos períodos de clima seco que están poniendo nuestros recursos hídricos bajo una mayor presión. Mayo de 2020 ha sido el más seco registrado y el clima excepcionalmente seco en todo el sureste entre 2017 y 2019 condujo a algunos de los niveles más bajos de agua subterránea que jamás hayamos visto”.
Estas afirmaciones son falsas, no tienen base alguna porque:
1º- Los datos oficiales de la Met Office muestran que el Reino Unido se ha vuelto más húmedo en las últimas décadas.
 
2º.-Lo que es particularmente notable en Inglaterra y Gales es la ausencia de años de sequía severa en las últimas décadas.

 
3º.- Mayo de 2020 tampoco fue el más seco registrado en el Reino Unido, fue solo el noveno más seco desde que comenzaron los registros en 1862. El mayo más seco fue en 1896.
4º.-El análisis de los datos regionales de precipitaciones tampoco respalda las afirmaciones de Sir James. Tampoco el reclamo de clima excepcionalmente seco en el sureste de Inglaterra resiste el escrutinio. Los datos de Met Office demuestran que las precipitaciones allí entre 2017 y 2019 fueron de hecho cercanas al promedio.
Sin duda, existen buenas razones por las cuales puede ocurrir escasez de agua en el futuro, como el crecimiento de la población y el aumento de la demanda. Las falsas afirmaciones sobre el cambio climático simplemente servirán para desviar la atención de estos problemas muy reales y la imposibilidad de expandir el almacenamiento y tratar las fugas de agua.
Para el  director de GWPF, Dr. Benny Peiser, “Esta no es la primera vez que atrapan a Sir James jugando rápido y suelto con los hechos para apoyar una agenda política. Debería disculparse y emitir la oportuna corrección a su discurso".
GWPF.
 
-Debido a los cambios introducidos en el “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva”, el Ministerio de Agricultura acaba de publicar un documento con el fin de someter al mismo al trámite de audiencia establecido en la Ley 50/1997. Importante destacar que el plazo para remitir sugerencias finaliza el 30 de junio de 2020, inclusive.
Las dos principales modificaciones que incluye este proyecto de Real Decreto se centran en la prohibición de envasar los aceites de oliva virgen extra en formatos de PET o plásticos y la prohibición de que en una misma instalación se compagine la actividad relacionada con el aceite de oliva y el aceite de orujo.
En escasos siete días el sector tendrá que argumentar o rebatir dos propuestas que sin duda van a generar importantes problemas.
En el caso de la prohibición de envasar el aceite de oliva virgen extra en plástico los mayores problemas se centran en el sector cooperativo que utiliza este material en gran parte para su autoconsumo y para la venta a sus asociados. Esto supondría un importante aumento de costes y pasar de comercializar los tradicionales bidones de cinco litros a botellas de cristal de un litro.
Y la segunda modificación del proyecto de RD, de dividir en instalaciones perfectamente separadas la actividad de aceite de oliva y de orujo de oliva, supone que podría afectar del orden de 25 empresas, que se verían obligadas a hacer importantes inversiones, siempre y cuando sus ubicaciones territoriales se los permitan.
En el análisis de las grandes compañías que compaginan ambas actividades nos encontramos que firmas como Sovena, Deoleo, Acesur, etc pueden encontrarse con un problema tanto logístico como de infraestructuras que en estos momentos de crisis sería un problema añadido.
Destacar así mismo que el gobierno propone que este periodo de adaptación se lleve a cabo en un plazo de tres años.
A continuación, recogemos las indicaciones del RD relativas a estos temas
Obligaciones específicas de las instalaciones.
1. Las almazaras, las refinerías y las extractoras de aceite de orujo deberán estar ubicadas de manera independiente. En ningún caso, podrán estar conectadas por conducción alguna.
2. Las almazaras, las refinerías y las extractoras de aceite de orujo deberán estar debidamente aisladas o separadas de cualquier otra industria o local ajeno a sus cometidos específicos y, en particular, de los dedicados a la producción, transformación, almacenamiento a granel y envasado de grasas animales o vegetales y de grasas y aceites industriales o minerales.
3. Las almazaras o cualquier otro establecimiento de un operador del sector deben haber clasificado conforme a las denominaciones que establece la normativa europea todo el aceite que expida.
4. En las envasadoras de aceite, las conducciones y los depósitos nodriza de los aceites regulados en esta norma deberán estar debidamente acondicionados para evitar contaminaciones cruzadas.
5. Los envases destinados a la venta al consumidor final incluyendo aquellos suministrados por las almazaras a los cosecheros para su consumo tendrán una capacidad máxima de cinco litros. Los aceites suministrados a colectividades podrán asimismo comercializarse en envases de diez, veinte, veinticinco y cincuenta litros de capacidad.
6. Los envases que se pongan a disposición de los consumidores finales, en los establecimientos de las colectividades dispondrán de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original.
Prácticas prohibidas.
Se prohíbe:
a) la producción para su comercialización en el mercado nacional de mezclas de aceites de oliva y de orujo de oliva con otros aceites o grasas de origen vegetal.
b) la utilización del término “virgen” o “virgen extra” en el etiquetado de productos alimenticios de apariencia oleosa que puedan confundirse con los aceites de oliva de la presente norma, tales como aceites, condimentos, aderezos, productos similares. Tal prohibición no afectará a la lista de ingredientes del producto en cuestión.
c) la comercialización de los aceites de oliva virgen extra destinados a los consumidores finales en recipientes de plástico, a excepción de los suministrados en envases monodosis.
d) el trasvase o rellenado de recipientes o envases destinados al consumidor final, de aceite de oliva o de orujo de oliva en los establecimientos de restauración colectiva.
e) que las mezclas de aceites de oliva vírgenes previamente clasificados, se clasifiquen con una categoría superior, a la del aceite de menor categoría utilizado.
f) que las almazaras reciban o procesen orujos procedentes de otras almazaras, ni aceitunas o sus restos de las plantas de aderezo que hayan sido sometidas a tratamientos no permitidos para la obtención de aceites de oliva virgen ni aceites procedentes de ellas, ni ninguna otra materia prima para la obtención del aceite, diferente del fruto entero y crudo del olivo.
Olimerca.
 

-Vaticano, ecología integral: salvaguardia de la Creación es responsabilidad de todos.
Ofrecer una orientación a las acciones de los católicos, pero no sólo, y llamar a cada cristiano a una sana relación con la Creación: son los objetivos del documento interdicasterial "En camino para el cuidado de la casa común", difundido con ocasión del quinto aniversario de la Encíclica "Laudato si'", firmada por el Papa Francisco el 24 de mayo de 2015 y publicada el 18 de junio del mismo año.
El texto ha sido redactado por la "Mesa Interdicasterial de la Santa Sede sobre la ecología integral", creada en 2015 para analizar cómo promover e implementar la ecología integral.  Forman parte de ella las instituciones vinculadas a la Santa Sede mayormente comprometidas en este ámbito, algunas Conferencias Episcopales y Organizaciones católicas. Aunque fue redactado antes de la pandemia de Covid-19, el documento destaca el mensaje principal de la Encíclica: todo está conectado, no hay crisis separadas, sino una única y compleja crisis socio-ambiental que requiere una verdadera conversión ecológica.
Primera parte: educación y conversión ecológica
La primera parte se abre con el llamado a la necesidad de una conversión ecológica, a un cambio de mentalidad que lleve al cuidado de la vida y la Creación, al diálogo con el otro y a la toma de conciencia de la profunda conexión entre los problemas del mundo. Se sugiere, por lo tanto, el fomentar iniciativas como el "Tiempo de la Creación", pero también las tradiciones monásticas que enseñan la contemplación, la oración, el trabajo y el servicio. Todo para educar al conocimiento del vínculo entre equilibrio personal, social y ambiental.
Tutelar la vida y promover la familia
El documento reafirma además la centralidad de la vida y de la persona humana, porque "no se puede defender la naturaleza si no se defiende a todo ser humano". De ahí la indicación de desarrollar el concepto de "pecado contra la vida humana" entre las nuevas generaciones, también para contrastar, con la "cultura del cuidado" a la "cultura del descarte". También se hace hincapié en la familia como "sujeto protagonista de la ecología integral": basada en los principios básicos de "comunión y fecundidad", puede convertirse en "un lugar educativo privilegiado donde se aprende a respetar a los seres humanos y a la Creación". Por esta razón, se insta a los Estados a "promover políticas inteligentes para el desarrollo familiar".
Nueva centralidad de escuela y universidad
Al mismo tiempo, se invita a la escuela a adquirir "una nueva centralidad", es decir, a convertirse en una escuela de desarrollo de la capacidad de discernimiento, pensamiento crítico y acción responsable. Son dos, en particular, las sugerencias en este ámbito: facilitar las conexiones entre el casa-escuela-parroquia y poner en marcha proyectos de formación a la "ciudadanía ecológica", es decir, promover entre los jóvenes "un nuevo modelo de relaciones" que vaya más allá del individualismo en favor de la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado. También la universidad está convocada: su triple misión de enseñanza, investigación y servicio a la sociedad debe girar en torno al eje de la ecología integral, animando a los estudiantes a comprometerse con "profesiones que faciliten cambios ambientales positivos". De ahí la sugerencia específica de "estudiar la teología de la creación, en la relación del ser humano con el mundo", conscientes de que el cuidado de la Creación requiere "una educación permanente", un verdadero "pacto educativo" entre todos los organismos implicados.
Catequesis, diálogo ecuménico e interreligioso
El documento también reafirma que "el compromiso de cuidar la casa común es una parte integrante de la vida cristiana", no una opción secundaria. Pero eso no es todo: el cuidado de la casa común es "un excelente ámbito" de diálogo y colaboración tanto ecuménico como interreligioso. Con su "sabiduría", de hecho, las religiones pueden alentar un estilo de vida "contemplativo y sobrio" que lleve a "superar el deterioro del Planeta".
Comunicación
La primera parte del documento concluye con un capítulo dedicado la comunicación y a su "profunda analogía" con el cuidado de la casa común: ambas, de hecho, se basan en "comunión, relación y conexión". Por lo tanto, en el contexto de una "ecología de los media", se insta a los medios de comunicación a poner de relieve los vínculos entre "destino humano y ambiente natural", responsabilizando a los ciudadanos y combatiendo las denominadas "fake news" (falsas noticias).
Segunda parte: ecología integral y desarrollo. Tutelar derecho a alimentos y agua
La segunda parte del documento se abre con el tema de la alimentación y la referencia a las palabras del Papa Francisco: «el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre» (LS, 50). De ahí la condena del desperdicio alimentario como un acto de injusticia, la invitación a promover una agricultura "diversificada y sostenible", en defensa de los pequeños productores y de los recursos naturales, y la urgencia de una educación alimentaria sana, tanto en cantidad como en calidad. También se hace un fuerte llamamiento para que se combatan fenómenos como el acaparamiento de tierras, los grandes proyectos agroindustriales contaminantes y para que se tutele la biodiversidad. Ecos de este llamamiento se encuentran también en el capítulo dedicado al agua, cuyo acceso es "un derecho humano esencial". También en este caso se exhorta a evitar el desperdicio y a superar aquellos criterios utilitaristas que llevan a la privatización de este bien natural.  En la misma línea está el llamamiento a reducir la contaminación, a descarbonizar el sector energético y económico y a invertir en energía "limpia y renovable", accesible para todos.
Invertir en energia limpia y renovable. Salvaguardar mares y océanos. Promover economía circular
También los mares y océanos están en el corazón de la ecología integral: "pulmones azules del planeta", requieren un gobierno centrado en el bien común de toda la familia humana y en la subsidiariedad. En el texto también se destaca la urgente necesidad de promover una "economía circular" que no tenga por objeto la excesiva explotación de los recursos productivos, sino su mantenimiento a largo plazo para que puedan ser reutilizados. Es necesario superar el concepto mismo de "desecho", porque todo tiene un valor, se lee en el texto. Pero esto sólo será posible mediante la interacción entre innovación tecnológica, inversión en infraestructuras sostenibles y crecimiento de la productividad de los recursos. Se pide también al sector privado que opere de forma transparente en la cadena de suministro y se espera la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles y tasación de las emisiones de CO2. Así pues, en el ámbito laboral se espera la promoción de un desarrollo socioeconómico sostenible para erradicar la pobreza; se pide que se valoricen itinerarios socio-profesionales en favor de los marginados; se pide trabajo digno, salario justo, lucha contra el trabajo infantil y el trabajo no declarado; se espera en una economía inclusiva, en la promoción del valor de la familia y de la maternidad; se pide la prevención y erradicación de "nuevas formas de esclavitud", como la trata de personas.
Finanzas apunten a la primacía del bien común
También el mundo de las finanzas debe hacer su parte, apuntando a la "primacía del bien común" y tratando de poner fin a la pobreza. "La misma pandemia del Covid-19 - se lee en el texto - muestra cómo hay que cuestionar un sistema que reduce el bienestar o permite una gran especulación incluso en las desgracias, volviéndose contra los más pobres". Cerrar los paraísos fiscales, sancionar a las instituciones financieras implicadas en operaciones ilegales, colmar la brecha entre los que tienen acceso al crédito y los que no lo tienen, son algunas de las sugerencias indicadas, junto con la exhortación a promover "una gestión de los bienes de la Iglesia inspirada en la transparencia, la coherencia y el coraje" de una perspectiva de sostenibilidad integral.
Primacía de la sociedad civil, lucha a la corrupción y derecho a la salud
En el ámbito de las instituciones, el documento subraya la "primacía de la sociedad civil", al servicio de la cual deben estar la política, los gobiernos y las administraciones. Se exhorta a la globalización de la democracia sustancial, social y participativa, a una visión a largo plazo basada en justicia y moralidad y a la lucha contra la corrupción. Será importante promover el acceso a la justicia para todos, también para los pobres, los marginados, los excluidos; "repensar prudentemente" el sistema penitenciario a fin de promover la rehabilitación de los reclusos, especialmente de los jóvenes en su primera condena. A continuación, el texto se centra en la salud, calificándola “una cuestión de equidad y justicia social" y reiterando la importancia del derecho a los cuidados. "De hecho, al tiempo que se degradan las redes ecológicas", - se lee - "también se degradan las redes sociales y en ambos casos son los más pobres los que pagan las consecuencias". Entre las sugerencias formuladas figura un examen de los peligros asociados con "la rápida propagación de epidemias virales y bacterianas" y la promoción de los cuidados paliativos.
La importacia de la cuestión del clima
Por último, el documento interdicasterial aborda la cuestión del clima, consciente de que tiene "una profunda relevancia" ambiental, ética, económica, política y social, "que repercute sobre todo en los más pobres": por lo tanto, en primer lugar, se necesita "un nuevo modelo de desarrollo" que vincule de manera sinérgica la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pobreza, "en sintonía con la Doctrina Social de la Iglesia". Consciente de que "no se puede actuar solos", el documento pide un compromiso con un desarrollo sostenible " con bajo contenido de carbono" para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las propuestas formuladas en este ámbito, la reforestación de zonas como la Amazonia y el apoyo al proceso internacional encaminado a definir la categoría de "prófugo/refugiado climático" para garantizar la "tutela jurídica y humanitaria necesaria".
El compromiso del Estado de la Ciudad del Vaticano
El último capítulo del texto está dedicado al compromiso del Estado de la Ciudad del Vaticano. Hay cuatro áreas operacionales en las que se aplican las indicaciones de "Laudato si’": protección del medio ambiente (por ejemplo: recogida diferenciada de residuos iniciada en todas las oficinas); protección de los recursos hídricos (por ejemplo: circuitos cerrados para el agua de las fuentes); cuidado de las zonas verdes (por ejemplo: reducción progresiva de los productos fitosanitarios nocivos); consumo de recursos energéticos (por ejemplo, en 2008 se instaló un sistema fotovoltaico en el techo del Aula Nervi, mientras que los nuevos sistemas de iluminación de ahorro energético en la Capilla Sixtina, la Plaza de San Pedro y la Basílica Vaticana redujeron los costos en un 60, 70 y 80 por ciento respectivamente).
Isabella Piro - Vatican News.

-… …El día 18 de junio celebramos el quinto aniversario de la encíclica ‘Laudato Si’ y tenemos un documento del Vaticano titulado ‘caminando en dirección al cuidado de nuestra casa común: cinco años después de la Laudato Si’. El Vaticano nos ofrece doscientas recomendaciones para que defendamos el ambiente. A la ley de Dios le bastan diez mandamientos, pero la “Pachamama” necesita doscientos. Todo apunta que entrará en el dimenticadero como la encíclica que lo ha inspirado. No vemos mucho entusiasmo ni en aquellos que por oficio lo han presentado. Unido a esto, el Estado Vaticano se viste de verde y nos quiere vender el paraíso en la tierra. Nos quieren hace ver que se ha producido una revolución, siempre verde, por la instalación de diez puntos de recarga eléctrica en el territorio de micro estado y se pretenden colgar medallas ajenas. El tejado del aula de audiencias está cubierto de placas solares, pero eso no es de ahora, se colocaron en el año 2008, son 2.400 paneles fotovoltaicos que cubren el consumo de energía del edificio en climatización e iluminación, fue una donación de una empresa alemana, valorada en su día en un millón y medio de dólares. El sistema obtuvo el premio European Solar Prize de ese año en la categoría de arquitectura solar y desarrollo urbano. No eran tiempos de conversiones ecológicas, pero sí de muchas más obras concretas.
Lo de ahora, doscientos mandamientos y diez enchufes.
Specola. Infovaticana. 
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