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Partidos
La Fiscalia pide 9 años para Pujol

    


La Fiscalía Anticorrupción solicita 9 años de prisión para el expresidente catalán Jordi Pujol Soley y 29 años de cárcel para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, por la ocultación de la fortuna familiar procedente presuntamente de la corrupción.

El juez de la Audiencia Nacional De la Mata propuso juzgar al expresidente catalán, sus siete hijos y su esposa como miembros de una organización criminal enriquecida por la corrupción y la Sala de lo Penal confirmó los indicios para juzgarles por estos hechos el pasado 21 de abril. Este viernes, el juez Santiago Pedraz que ha sustituido a De la Mata como titular del Juzgado Central 5 ha archivado la causa contra la esposa del expresident, Marta Ferrusola, por su estado de demencia que «anula su capacidad de juicio», como confirmaron los forenses de la Audiencia.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra los miembros de la familia Pujol y los empresarios investigados en la misma causa, pidiendo 9 años de cárcel para Jordi Pujol Soley por los presuntos delitos de asociación ilícita y blanqueo y 29 años de prisión para su primogénito por los mismos dos delitos más los de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. A los empresarios
implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos
mercantil.
En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción acusa a la familia Pujol de actuar conjuntamente para ocultar, «al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».

Consideran que hay indicios suficientes de que «Jordi Pujol Soley acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola, que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus hijos, los también acusados Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank».
«También acordaron ambos cónyuges, -continúa la Fiscalía-, que fuera su hijo Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia». Acusan a Jordi Pujol Soley de aprovechar «su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC».

Los representantes del Ministerio Público inciden en que «el patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años. Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación. Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra».
 
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