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Gobierno
CLARA DEBILIDAD DEL GOBIERNO
Los decretos salen adelante por los pelos

    


El Gobierno ha modificado sustancialmente el decreto para reducir la temporalidad en la Administración Pública, cediendo así a las exigencias de sus socios y poder sacar adelante una medida que a primera hora de la mañana estaba en seria duda y que solo ha salido adelante por un voto.

En primer lugar, ha aceptado tramitar como proyecto de ley el texto abriendo así la posibilidad de aplicar futuras modificaciones. Y en segundo, y sobre todo, ha introducido dos cambios de calado: que "los ejercicios de la fase de oposición podrán ser no eliminatorios" y que "para interinos que llevan más de 10 años se aplicará el artículo 61.6 del EBEP, que permite acceder sin examen", explican desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es quien ha liderado la negociación especialmente con ERC. El voto afirmativo de la formación independentista, sumado al apoyo de Podemos y a las abstenciones acordadas con el PNV y Más País-Equo-Los Verdes, permite que el decreto ley reciba más votos a favor que en contra y el Ejecutivo salve la votación. Hasta ahora, la fase de oposición, que es la primera, tenía un peso del 40%, inferior al 60% que pesará la experiencia, pero tenía condición eliminatoria. 
Esto es, que si un interno suspendida ese examen perdería la plaza por mucho que su experiencia fuese muy amplia. Y lo que no se contemplaba en ningún caso es que los internos con más de 10 años de que no hayan obtenido plaza en ese período, tendrán acceso a una plaza. 

Hasta ahora el Gobierno afirmaba que toda plaza debe ser obtenida tras una oposición, aunque ahora ha recurrido a ese artículo 61.6 de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Pero a pesar de estas modificaciones, todas las formaciones señalas e incluso ERC se ha mostrado críticos con la medida, descontento que se ha disparado entre los partidos que han votado no a lo que muchos han denominado el "Icetazo". Porque quien negoció esta actuación fue el anterior responsable de Función Pública, Iceta, mientras que la ministra que ha tenido que defenderla y renegociarla es la actual responsable, Montero. "Es un ERE encubierto en el sector público"; "genera inseguridad jurídica"; o "no se ha negociado con las comunidades autónomos", que efectivamente es el ámbito de la Administración más afectado por esa temporalidad que Europa ha exigido en numerosas ocasiones que se ataje. De hecho, uno de los compromisos a los que están sujetos los fondos, como el propio Iceta afirmó en numerosas ocasiones, es reducir la temporalidad por debajo del 8%. La Administración General del Estado está ya cerca de cumplir esa cifra y son las comunidades y los ayuntamientos los que presentan cifras más elevadas. Por ello, la importancia de esta medida no parece estar en consonancia con esa falta de negociación, el cambio de ministro en un momento clave y el hecho de que el representante del Gobierno que la defiende es ajeno a su redacción y desarrollo.

La medida que sale adelante con muchas dificultades beneficiará a 300.000 interinos, que son los que Función Pública ha identificado en situación de fraude de ley, esto es, que llevan más de tres años encadenando contratos temporales. Sin embargo, los sindicatos, y también algunas de las fuerzas políticas que han rechazado la medida, elevan la cifra hasta los 800.000 interinos en situación irregular.

 
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